En la Mesa de Seguridad, el jefe del Ejecutivo dio instrucciones para que el territorio potosino siga siendo una de las zonas más seguras en el centro del país*
A pesar de su vecindad con entidades federativas en el país de alta incidencia delictiva en hechos de alto impacto, San Luis Potosí se mantiene blindado y en un orden público y pacificación generalizada, de acuerdo al último reporte de la organización civil Causa en Común, que informa de actos de extrema violencia suscitados de enero a agosto del 2022.
De acuerdo al informe, en este periodo se informaron en medios de comunicación 4 mil 134 atrocidades en los Estados circunvecinos a San Luis Potosí: Guanajuato, Veracruz y Zacatecas, así como en Baja California, Morelos, Michoacán, Puebla, Estado de México, Jalisco y Guerrero.
Causa en Común reporta que de los más de 4 mil actos de violencia extrema en diversas modalidades, Baja California se posiciona en el primer lugar con 410 atrocidades –entendiéndose como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror-; seguido de Guanajuato con 349 casos.
El informe que da cuenta de 342 masacres, no contempla al Estado potosino en el registro de este tipo de hechos, lo que refleja los efectos favorables del Plan Integral de Seguridad instruido por el jefe del Ejecutivo, Ricardo Gallardo Cardona, en todo el Estado, a través de operativos y dispositivos de seguridad a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la cual a su vez despliega las acciones de la Guardia Civil Estatal.
En las cuatro zonas y en los 58 municipios potosinos, la Secretaría de Seguridad Estatal continúa con el acercamiento a la ciudadanía y sectores productivos y sociales, para ir perfeccionando las estrategias y operativos que garanticen el fortalecimiento de las condiciones de paz y bienestar social.
Así mismo, para proseguir en el combate de delitos de alto nivel delincuencial en zonas y regiones específicas, como se ha hecho desde el inicio de este nuevo Gobierno Estatal.